Academia, industria, Estado y comunidad claman por regulamiento minero concertado e incluyente

Con masiva asistencia de público externo e interno se desarrolló con éxito el Conversatorio: Minería, Autonomía Territorial y Desarrollo. 

La urgencia de un marco regulatorio para la actividad minería, las responsabilidades de alcaldes y gobernadores para mitigar su impacto, y la revisión del Gobierno Nacional para las fases exploratorias de multinacionales mineras, fueron las principales conclusiones del Conversatorio: Minería, Autonomía Territorial y Desarrollo. 

El evento se desarrolló este jueves 31 de marzo durante más de 4 horas en el Aula Máxima Pedro Nel Gómez, y simultáneamente vía streaming en el auditorio Alejandro López y en el punto de información de la Facultad de Minas. En total más de 330 personas asistieron masivamente al diálogo académico organizado por el Grupo GEMMA (Grupo de Investigación de Georrecursos, Minería y Medio Ambiente).

En la mesa principal estuvieron debatiendo: Oswaldo Ordóñez Carmona, geólogo, profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín y director de GEMMA; Claudia López, senadora por el Partido Alianza Verde; Jorge Andrés Pérez Hernández, alcalde de Jericó; Andrea González Cely, Directora Ambiental en AngloGold Ashanti y Juan José Castaño, actual director de Fomento y Desarrollo Minero en la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia.

Según Manuela Gómez Monsalve, una de las organizadoras del conversatorio, el evento se pensó desde hace un año y nació por un espacio académico que se desarrolló en la Facultad de Minas donde se atacó directamente la actividad minera.

“Luego de ese momento decidimos reunir a todos los actores involucrados en este tema que genera tanta disputa política, queríamos tener sentados en un mismo espacio, a la industria, al Gobiernos nacional, local y departamental para analizar las posiciones y avanzar”, expresó.

Al respecto, la senadora afirmó que desde la academia se está haciendo el trabajo con los estudios técnicos y ambientales rigurosos, pero reiteró que si hay alguna actividad económica en Colombia que carece de marcos regulatorios adecuados es la minería.

“El código minero es de los años 70`s y aunque existen las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), estas no hacen un macroordenamiento territorial para determinar qué zonas estamos excluyendo por razones ambientales de cualquier actividad, no solo la minera; y aunque la corte ordenó que hayan espacios y mecanismos de participación y concertación convenientes, no están regulados por ley, entonces a veces funcionan bien y otras mal”, manifestó.

Asimismo, Ordóñez Carmona aseguró que si los gobiernos locales quieren autonomía deben ser responsables y asimilar los cambios que esta actividad podría traer. “Se dejó claro que la minería es un motor de desarrollo, que es un bien de utilidad pública y que las reformas del código minero no abarcan la conexión entre la norma y la fiscalización para velar por su cumplimiento”. Agregó que los pagos en compensación del Estado no deben ser en la etapa de exploración sino, en la de exploración.

Al argumento de la senadora, Ordóñez afirmó que apoya la regulación definitiva de la minería, “una vez  se establezca esa normatividad y los estudios específicos nos sentamos a discutir, pero con un conocimiento claro y no de momentos políticos. Hay voluntad, pero falta dinero y la responsabilidad neta es del Gobierno Nacional, debemos hacerlo por los profesionales de la minería, la comunidad, las autoridades y las empresas”.

El alcalde de Jericó, reiteró su negativa de la implementación de la minería en su municipio, al manifestar que las comunidades son las más afectadas con este fenómeno y tienen derecho a tomar cartas en el asunto. “El panorama de los municipios que reciben regalías exageradas no mejorado su progreso, al contrario trajo consigo problemas como la inseguridad”. 

Igualmente dijo que la gran mayoría de los habitantes de su municipio están en contra de la actividad, pero una parte importante de la población apoya la ejecución de proyectos mineros.

González Cely dijo que desde la industria no se desconoce la autonomía territorial, porque tanto alcaldes como gobernadores, están en todo su derecho de decidir y tener competencia en los aspectos que de alguna manera afecten o favorezcan a sus habitantes, lo importante es converger para así generar diálogos constructivos.

López concluyó que lo primordial es entender los desafíos y luego aprender que en los buenos marcos regulatorios ganan todos. Desde el Estado se creó una dicotomía socio-ambiental y lo que se necesita es equilibrar las cargas entre el gobierno local y nacional, empresas y comunidades, pues la minería es una actividad legítima y deseable para el país.

Finalmente, Ordóñez dijo que eventos como estos son los que se deben propiciar desde la academia, “conversar y dialogar sobre temas trascendentales, no solo la minería, sino dificultades como el cambio climático, y proponer soluciones, debemos  pasar de la teoría a la práctica”.