En Cali, Pereira, Palmira y Quibdó, las brigadas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), lideradas por docentes de la Facultad de Minas, avanzaron en la inspección de viviendas y edificaciones para determinar su nivel de afectación y verificar las condiciones de habitabilidad de aquellas que aparentemente no presentaban daños.

La comitiva de la UNAL llegó a distintos territorios afectados para aportar su conocimiento técnico a las comunidades y autoridades locales. El trabajo incluyó la evaluación de estructuras residenciales, comerciales, educativas y universitarias, con el propósito de establecer cuáles podían continuar en uso y cuáles requerían evacuación o intervenciones.
En Quibdó, el balance reportado registra 2.723 viviendas averiadas, 1.337 declaradas no habitables y 119 personas heridas, una situación que evidencia la magnitud de la emergencia y la necesidad de acompañamiento técnico para las comunidades afectadas.
En Pereira, los profesionales inspeccionaron nueve edificios de la Universidad Tecnológica de Pereira, con estructuras de entre tres y seis niveles destinadas a actividades de pregrado, posgrado y a una escuela para niños. También revisaron edificaciones comerciales ubicadas en el centro de la ciudad, entre las carreras 8 y 16, donde se identificaron cinco edificios de entre tres y seis niveles que albergan alrededor de 300 locales comerciales.
El recorrido también llegó a Palmira. En la sede de la UNAL fueron evaluados los bloques: la torre administrativa, el auditorio, la biblioteca, el edificio de posgrados y el Ciro Molina. A esto se sumó la inspección de tres escuelas del corregimiento de Rozo, como apoyo a la Secretaría de Educación. Cada institución atiende aproximadamente a 2.000 estudiantes.

En Cali, las brigadas evaluaron tres unidades residenciales. Una de ellas está conformada por cuatro torres de 12 pisos, con cuatro apartamentos por piso, para un total de 192 viviendas. Otra cuenta con cinco pisos y ocho apartamentos por nivel, para 40 viviendas, mientras que una tercera está integrada por tres torres de 12 pisos, con ocho apartamentos por piso, que suman 288 viviendas. Además, los equipos atendieron solicitudes de personas cercanas a las zonas inicialmente priorizadas. En total, aproximadamente 600 viviendas fueron revisadas en las tres ciudades, además de edificios institucionales, comerciales y educativos.
Para John Jairo Blandón, del Departamento de Ingeniería Civil, la evaluación debe ir más allá de determinar si una estructura presenta daños. “No solo es ver si el edificio está comprometido o tiene riesgo de colapso, sino también evaluar el entorno y establecer si las personas pueden evacuar fácilmente. Generalmente no se hace una socialización detallada, porque el volumen de edificaciones es tan alto que primero se analiza cada caso y se da una recomendación sobre si es viable continuar ocupándolo o si se debe evacuar. Sin embargo, muchas veces esa información no alcanza a explicársele directamente a las personas”, explicó.
El docente destacó además la importancia de acercar el conocimiento técnico a las comunidades. “Nosotros les explicamos qué riesgo tienen, por qué fueron evacuados y qué significa la evaluación realizada. Así, las personas quedan un poco más tranquilas porque saben qué es lo que deben hacer. También les recomendamos cuáles podrían ser las alternativas de rehabilitación de la estructura, de manera que, cuando sea técnicamente posible, no tengan que permanecer evacuados”, señaló.
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