Los costos ambientales y ecológicos, nuevo enfoque para la planificación minera

La planificación minera enfrenta un nuevo desafío: incorporar los costos ambientales, ecológicos y sociales dentro de las decisiones estratégicas de los proyectos extractivos. Esta es la apuesta del ingeniero David Oliveros Sepúlveda, investigador del grupo GIPLAMIN - GREMS y actual estudiante del Doctorado en Recursos Naturales y Medio Ambiente de Barcelona Tech (UPC), quien desarrolla una investigación orientada a incluir estos factores en el planeamiento minero estratégico.

El proyecto, titulado “Inclusión de costos ambientales y de cierre de mina en el planeamiento minero estratégico de proyectos en el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y la Cuenca de la Sinifaná”, se desarrolla en el marco de la convocatoria 937 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y busca aportar herramientas para una toma de decisiones mineras que considere no solo los aspectos económicos y operativos, sino también los impactos sobre los ecosistemas y las comunidades.

Según explica Oliveros Sepúlveda, uno de los principales retos de los proyectos extractivos actuales está relacionado con la necesidad de avanzar hacia modelos de sostenibilidad que incorporen las diferentes incertidumbres presentes en los territorios.

“Los proyectos extractivos afrontan retos de sostenibilidad en los territorios donde se llevan a cabo. Tradicionalmente, las variables ambientales y sociales no han sido tenidas en cuenta en los procesos de optimización y secuenciamiento de planes de minado, alejándose de resultados holísticos y de bajo riesgo”, señala el investigador.

La investigación parte de reconocer que, aunque durante los últimos años se han realizado importantes avances para reducir la incertidumbre geológica, económica y operativa de los proyectos mineros, todavía existen vacíos frente a la incorporación de los riesgos ambientales y sociales.

“Son pocas las investigaciones que dan respuesta a los problemas de incertidumbre ambiental y social que pueden presentar los proyectos”, afirma Oliveros, quien plantea como alternativa la internalización de los costos asociados al cierre de mina, los impactos ambientales y la solución de conflictos sociales.

El estudio propone incorporar estos costos dentro de la valoración económica de los proyectos mineros mediante modelos matemáticos basados en ecuaciones desarrolladas por diferentes autores en el estado del arte. Como parte del proceso, se analizó inicialmente el caso de una mina de carbón térmico a cielo abierto ubicada en Colombia, comparando escenarios antes y después de incluir estos factores en la planificación.

Los resultados obtenidos muestran que la incorporación de estos costos puede contribuir a disminuir los riesgos de inversión y mejorar el desempeño operativo, social y ambiental de los proyectos. “Estos resultados podrían beneficiar a la compañía, al Estado y a las comunidades”, destaca Oliveros.

Con potencial de aplicación en tres regiones de Antioquia

El desarrollo de esta línea de investigación ha sido acompañado durante cerca de ocho años por el profesor Giovanni Franco, director de tesis y docente investigador, quien destaca la evolución del trabajo desde la formación de pregrado hasta el doctorado. “Hemos venido trabajando alrededor de hace ocho años, desde su pregrado, su maestría y ahora sus estudios de doctorado, en tratar de incluir los costos ambientales y ecológicos en la planificación minera”, explica Franco.

Durante este proceso se realizó inicialmente una definición y conceptualización de estos costos dentro de la planificación minera, posteriormente una aplicación a un yacimiento de carbón térmico a cielo abierto en el norte del país y, actualmente, el desarrollo de un modelo para incluir estos factores en el planeamiento minero estratégico.

La investigación doctoral contempla tres zonas con diferentes contextos mineros: el Bajo Cauca antioqueño, con yacimientos aluviales de oro en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Caucasia; el Nordeste antioqueño, con minería subterránea de oro de veta en Segovia y Remedios; y la Cuenca de la Sinifaná, con actividad carbonífera en Amagá, Angelópolis, Titiribí y Venecia.

Para Franco, este enfoque permite avanzar hacia una minería que reconozca la complejidad de los territorios y que considere desde la etapa de planeación los costos asociados a la recuperación ambiental, el cierre de operaciones y las relaciones con las comunidades.

Como parte de esta apuesta por desarrollar soluciones tecnológicas y sostenibles para el sector minero, recientemente profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Cantabria realizaron una visita académica a Colombia en el marco del proyecto “Hacia una minería artesanal sostenible: investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas para la minería de oro en Colombia”. Durante esta visita se abordaron experiencias en municipios como Marmato, San Vicente Ferrer, Gómez Plata y Buriticá, con el propósito de conocer diferentes realidades de la minería de oro en el país y fortalecer la cooperación académica e investigativa.

"Los distritos mineros son herramientas de organización territorial que facilitan, sobre todo, la planificación de territorios cuya vocación es la actividad minera. Esto es importante porque las zonas mineras de Colombia, de Latinoamérica y del mundo tienen características propias y específicas que hacen que los proyectos desarrollados en esos municipios o áreas tengan condiciones y necesidades particulares. Lo que buscan los distritos mineros es, precisamente, que los territorios puedan adaptarse y planificar su actividad productiva teniendo en cuenta esas condiciones específicas. En ese sentido, nosotros planteamos la aplicación de los distritos mineros para evaluar los costos ambientales en estos territorios. La idea es sentar un precedente que contribuya a la planificación y al diseño de política pública para la minería en el país, en favor del desarrollo sostenible de los territorios que estamos abordando. En últimas, lo que buscamos es aportar las bases para la creación de una política pública mineroambiental en el país".