Seminario en la Facultad de Minas analizó normatividad sobre licencias ambientales

El Seminario de Licencias Ambientales que se realizó en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Colombia Sede Medellín reunió a investigadores nacionales e internacionales en torno a la más reciente normatividad colombiana en el tema, también contó con la asistencia de estudiantes de diferentes universidades y representantes de empresas privadas del país. El evento se desarrolló el 2 y 3 de julio y fue organizado por el grupo de investigación Política, Legislación y Gestión Ambiental –Polygesta- de la Facultad.

La expedición del decreto 2041 de 2014 por parte del gobierno nacional, que modificó la normatividad en licencias ambientales, motivó la realización de este Seminario. Carlos Alberto Zárate Yepes, director de Polygesta, añade que desde que entró en vigor la ley 99 de 1993, que reglamenta la política ambiental en Colombia, se ha modificado el decreto sobre licencias en más de 10 ocasiones.

“Existe mucha inseguridad jurídica y muchos temores tanto del sector público como privado sobre lo que significan estos cambios. La Universidad a través de Polygesta quiere informar a la comunidad y capacitarla sobre lo que significan estas modificaciones a la legislación para que se tomen las mejores decisiones”, afirma Zárate Yepes.

Lina María Berrouet Cadavid, estudiante del Doctorado en Ingeniería – Recursos Hidráulicos, presentó la conferencia “Metodologías para la evaluación de impacto ambiental”, donde destacó que el tiempo que se les está dando a las autoridades para evaluar el posible impacto ambiental de un proyecto no es suficiente.

“No es una lista de chequeo sino ver la integralidad en todo el estudio y eso requiere que el ejercicio sea interdisciplinario, un panel que discuta sobre esa integralidad”. Y agrega que no se trata sólo de mejorar las normas sino la capacidad de las instituciones, su fortalecimiento técnico y la continuidad de los profesionales.

Respecto al tema de sanciones ambientales, que abordó la estudiante del Doctorado en Ingeniería - Industria y Organizaciones de la Facultad de Minas Ledy Cristina Guerra Zapata, la interpretación a la hora de aplicar las sanciones es un tema complejo en el país, y lo que se intenta hacer actualmente es estandarizar los criterios para que sean más homogéneas y cumplan efectivamente la función de disuadir al infractor.

“Lo segundo es el tema probatorio, porque la mayoría de las sanciones no se pueden aplicar o se aplican poco al no haber instrumentos suficientes para probar qué tan grave fue la infracción en términos de daño ambiental”, agrega.

Sin embargo, opina que con la ley 1333 de 2009, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental, hubo un avance al aumentar de 300 a 5.000 salarios mínimos el tope de las multas, y contribuyó a hacer más claro el proceso pues antes a las sanciones no se les exigía una fundamentación técnica. “Todavía estamos cojeando en el tema de la interpretación pero sí creo que se ha avanzado en el país y ha mejorado tanto para la autoridad ambiental como para el infractor, ya que se le garantiza el debido proceso”.

Por otro lado, Carlos Alberto Zárate opina que en términos generales ha habido un retroceso en la legislación sobre licencias ambientales al volverse más flexible, obviar requisitos en la exigencia de los estudios y los tiempos que tiene la autoridad ambiental para revisar la información antes de otorgar licencias.

“El país anda en una senda de crecimiento económico y de obras de infraestructura que amerita un licenciamiento más ágil, pero yo creo que los cambios no se deben hacer a costa de los recursos naturales sino precisamente manteniéndolos”.